Detienen el interdicto por la ejecución del estadounidense Tommy Lynn Sells, de 49 años; en tanto que el caso del mexicano Ramiro Hernández Llanas, de 44 años no fue considerado de momento
Una corte federal de apelaciones anuló el miércoles el fallo de una jueza que suspendía temporalmente una ejecución y exigía al sistema penitenciario de Texas revelar más información sobre la procedencia de los fármacos empleados en ejecuciones por inyección letal.
Apenas unas horas antes, la jueza federal Vanessa Gilmore de un tribunal de menor instancia emitió un interdicto que detuvo la ejecución de Tommy Lynn Sells, de 49 años, un asesino en serie en Texas, programada para el jueves.
El caso incluía originalmente al mexicano Ramiro Hernández Llanas, de 44 años, otro interno cuya ejecución está programada para la próxima semana. Pero el fallo de la corte de apelaciones sólo afecta a Sells, aunque indicó que abordaría el caso de Hernández posteriormente.
Los funcionarios texanos sostienen que la identidad del proveedor debe permanecer en secreto para evitar actos de violencia en su contra, y que el suministro de pentobarbital está dentro de los parámetros aceptables de potencia.
Los abogados de los presos argumentan que es necesario conocer el nombre del proveedor para verificar la calidad del fármaco y evitarle al preso sufrimientos vedados por la Constitución.
Gilmore había ordenado al Departamento de Justicia Penal de Texas que entregara a los abogados de Sell detalles sobre el proveedor y sobre las pruebas a que fueron sometidos los fármacos.
Los abogados del estado apelaron ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleáns, y alegaron que los argumentos de los abogados de los presidiarios "no son más que intentos calculados para posponer sus ejecuciones" .
El fallo de Gilmore "observa la importancia de la transparencia en el proceso de ejecución", dijo Maurie Levin, una abogada de los condenados. "Y la orden deja claro que esta litigación de último minuto y las suspensiones de ejecución no serían necesarias si (la agencia penitenciaria) no hubiera desatendido el estado de derecho ni tratado de esconder esta información del público".
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