Tuve que mentir y decir que quería abortar

«Cuando dije que no quería la tarjeta sanitaria para abortar sino para seguir adelante con mi embarazo, me pusieron muchas pegas y al principio no querían dármela». Así lo asegura una joven mujer residente en Madrid que esta emana testificará ante la Justicia para apoyar la denuncia que el sindicato Manos Limpias ha interpuesto contra una conocida clínica de abortos madrileña. En declaraciones al diario La Razón, la joven explica las presiones de los servicios sociales para que abortara incluso fuera del plazo marcado por la actual ley.



No le queda nada, de esta semana no pasa que dé a luz a su segundo hijo. Pero los últimos nueve meses no han sido un camino de rosas para Andrea –nombre ficticio con el que prefiere aparecer la joven–. Esta semana testifica ante la Justicia para poner voz a la denuncia que el sindicato Manos Limpias ha interpuesto contra una conocida clínica de abortos madrileña donde, como explica Andrea, «me ofrecieron abortar por 20 euros», cuando el precio establecido oscila entre los 380 y los 440 euros dependiendo de si necesitan utilizar anestesia local o general. Su historia demuestra que abortar también puede ser un negocio porque este precio se lo ofrecieron tras insistirle con llamadas telefónicas en que el aborto era su mejor solución. Pero Andrea no quiso, «me di cuenta de que quería tener el bebé». Además, la decisión de ir a la clínica a practicarse un aborto la había tomado al margen de su esposo porque «él es muy creyente y hasta ahora no le había dicho que había pensado en detener el embarazo».

Ya tiene un hijo

Aunque sólo tiene 23 años, no es madre primeriza. Vive en una zona humilde de Madrid con su esposo y su hijo. Hace algo más de un año, al igual que otros cerca de seis millones de españoles, ella y su marido perdieron su empleo. Unos meses más tarde, al acudir al centro de salud de su localidad le confirmaron su sospecha: estaba embarazada. Tras contarle la difícil situación económica por la que atravesaba su familia a la trabajadora social del centro, ésta «me dijo que lo mejor que podía hacer era abortar y me envió a la clínica». Antes de entrar a la clínica un grupo de jóvenes se le acercaron para ofrecerle ayuda para continuar con la gestación, pero ella no quiso escucharles y entró sin mirar. Dentro la atendió una trabajadora social y, como no sabía exactamente de cuántas semanas estaba embarazada le hicieron una ecografía –la incluye en su denuncia–. En ella, como ha podido comprobar LA RAZÓN, aparece la estimación de la edad del feto conforme a la última menstruación. Indica 14 semanas y alrededor de nueve días. Es decir, como sostiene la demanda, «se incumple o vulnera el requisito de poder abortar sin justificación legal cuando la embarazada se encuentra entre las 14 y las 22 semanas».



Abortar fuera del plazo

Andrea ya estaba fuera de plazo cuando acudió a la clínica, sin embargo, «me confirmaron que podían practicarme el aborto sin problemas». Los motivos que contempla la actual Ley del Aborto por los que una mujer puede abortar pasado este plazo de aborto libre es que exista riesgo para la vida de la madre o para su salud, así como una malformación grave del feto. Ambos casos deben ir acompañados de un informe médico dependiendo de si se acoge a uno u otro caso. En el caso de la denunciante, no existe ninguno de los dos.

Antes de salir, la trabajadora social, como relata la joven, le dio su número de móvil directo y le indicó cuál era el siguiente paso a seguir. Debía acudir a un centro de la Seguridad Social para que le hicieran la tarjeta sanitaria que se le otorga a cualquier mujer embarazada para que pueda acudir a un ginecólogo para que controle el proceso. A pesar de todo, Andrea asegura que «cuando dije que no quería la tarjeta para abortar sino para seguir adelante con mi embarazo, me pusieron muchas pegas y al principio no querían dármela». Y es que tras salir de la clínica de abortos, Andrea volvió a toparse con los jóvenes que, a unos metros de la entrada, ofrecían información y «me insistían en que me ayudarían». Le pidieron su teléfono móvil y «se lo di». A los dos días recibió una llamada de la Fundación Más Futuro, una ONG que trabaja con mujeres embarazadas con problemas económicos. «Las ayudamos a buscar trabajo y les damos lo necesario para que puedan ocuparse de su futuro hijo», asegura una de sus portavoces. La llamada le dio esperanza y decidió reunirse con ellas antes de tomar una decisión definitiva. Tras el encuentro, «supe que no quería abortar, que quería seguir adelante con el embarazo. Quería volver a ser madre».



Presiones para que cambie de decisión y aborte

Feliz y esperanzada por su decisión, le contó a su marido su estado y «se alegró mucho. Me dijo que nos las arreglaríamos y que saldríamos adelante». No pensaba volver a la clínica. Es más, ni siquiera les había llamado para transmitirles su decisión, pero no tuvo que hacerlo ya que la misma trabajadora social que la había atendido unos días antes comenzó a llamarla. «De repente, no dejaba de llamarme para decirme que me estaba equivocando y que todavía estaba a tiempo de interrumpir mi embarazo». Se ponía en contacto con ella casi todas las semanas para recordarle que aún puede abortar, aunque ella rehusa acudir a la clínica en cada llamada. Es más, la insistencia de empleada de la clínica perdura en el tiempo, como recoge la denuncia: «La última llamada se produce cuando está embarazada de 22 semanas». Es en este último contacto cuando le dan el nuevo precio y le rebajan más de 360 euros el precio de la intervención: «Le comenta que se le puede practicar el aborto por 20 euros», reza la demanda. A pesar de querer continuar con su embarazo no es hasta la semana 23 cuando consigue que le hagan la tarjeta: «Tuve que mentir y decir que quería abortar para que me la hicieran porque la trabajadora social de mi centro de salud tampoco me quiso ayudar».



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